El 31 de julio no es una fecha más en el calendario del comercio exterior mexicano. Ese día entra en vigor de manera definitiva la Manifestación de Valor Electrónica, el último gran componente de la reforma aduanera más profunda que ha vivido el país en tres décadas, y el reloj ya corre con apenas ocho días de margen. La digitalización de las aduanas mexicanas y las nuevas obligaciones derivadas de la reforma a la Ley Aduanera están elevando entre 10% y 30% el costo de algunas operaciones de comercio exterior, según estimaciones del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, debido a inversiones en tecnología, mayores honorarios de agentes aduanales y retrasos en la liberación de mercancías. Javier Cendejas, presidente del COMCE en el noreste, precisó que el impacto varía según el producto, la aduana y el número de proveedores, pero que las revisiones de cumplimiento, los nuevos controles y los tiempos adicionales de despacho ya representan un sobrecosto tangible y medible para las empresas que operan comercio exterior en el país.

El ecosistema regulatorio que rodea a la MVE se ha transformado de forma acelerada en los últimos meses. La Ventanilla Única de Trámites de Comercio Exterior —formalizada mediante decreto el 4 de mayo de 2026— centraliza más de 130 trámites de importación y exportación en un solo punto de entrada digital, coordinando la validación de documentos, la autorización de permisos y la consulta de regulaciones no arancelarias de diez dependencias: SAT, Secretaría de Economía, SADER, SEMARNAT, SEDENA, Salud, SENER, PROFEPA, INBA e INAH, además de dos organismos reguladores. La plataforma transfirió su administración del SAT a la nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, y representa el punto de convergencia de todas las obligaciones digitales que hoy recaen sobre importadores, exportadores y agentes aduanales. La valoración aduanera ha dejado de ser un anexo administrativo para convertirse en una declaración jurada digital con implicaciones patrimoniales y penales directas para el importador, un cambio de fondo que exige una comprensión precisa de sus alcances antes de que el plazo venza.

A pesar del costo de la transición, el consenso del sector es claro en su dirección. Yu Chen, gerente regional de operaciones de la empresa de servicios logísticos Goodcang, señaló que la digitalización es indispensable para mejorar la transparencia, la trazabilidad y la competitividad del comercio exterior mexicano, reconociendo que a corto plazo la adaptación será costosa, pero que a largo plazo México necesita incorporar digitalización, automatización e inteligencia artificial al comercio exterior. Las empresas que aún no han completado la migración de sus sistemas deben actuar de inmediato en cuatro frentes: validar que su sistema de gestión soporte el formato XML 4.0 requerido por la VUTCE, actualizar las firmas electrónicas de todos los representantes legales, integrar los documentos de soporte exigidos —CFDI, facturas comerciales, contratos, comprobantes de pago, certificados de origen, pólizas de seguro y documentos de transporte— y capacitar al equipo operativo en los nuevos flujos digitales. Para las empresas con programa IMMEX y los freight forwarders que gestionan volúmenes diarios de importación temporal, el 31 de julio no admite postergación adicional: será el primer día en que la autoridad auditará el cumplimiento real, y las sanciones por incumplimiento pueden alcanzar hasta 22,000 pesos por pedimento, además del recálculo de impuestos generales de importación, IVA e incrementales, con facultad de la aduana para detener la operación hasta corregir la información.

FUENTES: Mascontainer, La Jornada, Punto por Punto, Infobae México, Simetría Legal, EY México, KPMG Global Trade, Comce, Goodcang, ANAM

Con ocho días para el plazo final de la MVE, digitalizar la aduana ya le está costando a las empresas hasta 30% más por operación